viernes, 20 de noviembre de 2009

PAQUETE DE REFORMAS EN COLOMBIA

El acuerdo actual es un "Acuerdo Extendido" (p.5), que tiene por objetivo dar un aval al país en los mercados financieros internacionales a cambio de la adopción de una serie de reformas principalmente dirigidas al ajuste fiscal, la liberación de los flujos de capital y el fortalecimiento del sistema financiero.
Supuestamente no se trata de reformas de choque, como las que corresponderían a un stand-by. Se trataría de la adopción de "reformas estructurales", en concordancia con el lenguaje de los Organismos Financieros Internacionales (Buira, 1994: 46 a 48). En este caso se trata de la profundización de las adoptadas durante la década del noventa con el desarrollo del llamado modelo de "apertura económica".
Como se sabe, la característica principal de dicho modelo es remover todas las estructuras que no permiten el libre funcionamiento de los mercados. En este sentido se trata de desregular los mercados (bienes, trabajo y capitales) para que funcionen sin trabas ni controles, y reducir la intervención económica del Estado .
Estas reformas en Colombia se aplicaron principalmente durante al administración de César Gaviria (1990-1994). En ese entonces la desregulación del mercado de bienes se hizo a través de la apertura comercial, la desregulación (flexibilización) del mercado del trabajo a través de la reforma laboral (ley 50/91), y en el caso de los mercados de capitales se eliminaron los controles de cambios e inversión extranjera, y se desreguló el sistema financiero.
Las nuevas reformas estructurales que hacen parte constitutiva del Acuerdo (pp.20 a 23) y que profundizan las aplicadas en los noventa, fueron anunciadas por el Ministro de Hacienda en el mensaje presupuestal que acompañó el proyecto de Presupuesto Nacional del año 2000 (Ministerio de Hacienda 1999a, pp.30 a 34). Dicho Presupuesto hizo parte de la negociación del Acuerdo con el Fondo (p.13).
De manera que el Acuerdo se convierte en una presión para que se continúe con el proceso de reformas estructurales, el cual, según el gobierno, se había menoscabado en el gobierno anterior (Plan de Desarrollo, 1999, Cáp I: VISIÓN DEL CAMBIO PARA EL SIGLO XXI). Esas reformas tienen que ver con un recorte de las transferencias a los gobiernos locales que a su vez deben hacer un mayor esfuerzo en la generación de rentas propias y disminuir su gasto, con la profundización de los mecanismos de mercado en la seguridad social (reformar la ley 100/93) junto con ajustes financieros orientados a recortar las prestaciones y aumentar el tiempo de cotización, y un aumento de la tributación a través de ampliar la base gravable y la disminución de las exenciones y deducciones.
Pero además de la profundización de las reformas estructurales, el Acuerdo es de tipo preventivo en el sentido que el país no está frente a una crisis cambiaria o próximo a ella.
Este tipo de acuerdos hace parte de un paquete que se viene negociando a lo largo de toda América Latina, para prevenir un contagio de la región de la crisis del sudeste asiático que se originó a mediados de 1997, y que se extendió a las crisis rusa y brasileña de 1998. Se han firmado acuerdos preventivos de esta naturaleza con Argentina (1998), Bolivia (1998), México (1998), Perú (1999) y Uruguay (1999). Caso diferente es el de Brasil y Ecuador que negociaron acuerdos en medio de una crisis cambiaria.
La razón de estos acuerdos preventivos es el reconocimiento por parte de los organismos financieros internacionales que en la región se presentan unos desequilibrios estructurales que inevitablemente conducirán a crisis financieras si no se corrige el rumbo. Existen déficits crecientes en las cuentas externas, salida continua de capitales, y agravamiento de la situación fiscal. Desde la óptica de la ortodoxia de los organismos financieros estos desequilibrios son resultado de la no profundización de las reformas estructurales, de manera que éstas tienen que orientarse a una mayor flexibilización de los mercados, a introducir ajustes fiscales más severos y a sanear al sistema financiero. No aceptan el argumento de que lo que no funciona es el modelo económico que se ha venido adoptando en la región bajo tutela de tales organismos. En vez de reconsiderar el modelo hay que hundirse aún más en él, y de allí la necesidad de profundizar las reformas estructurales. Y esta es la opinión del gobierno colombiano según se desprende del diagnóstico realizado en el Plan de Desarrollo, y en el hecho de que haya firmado el Acuerdo.
Si los acuerdos preventivos adoptados en la región no funcionan, y la crisis financiera se extendiera de manera generalizada a todo el continente, se presentaría el riesgo de una crisis sistémica en todo el sistema financiero mundial, arrastrando la banca norteamericana, europea y japonesa. La crisis podría ser peor a la que se inició en octubre de 1929 con el colapso de la Bolsa de New York. Esta es la razón de los acuerdos preventivos que se vienen promoviendo en América Latina, incluido el de Colombia.
Esta misma actitud la comparte las Naciones Unidas (Comité Ejecutivo 1999), quien indica que "No cabría extender la condicionalidad a áreas relacionadas con las estrategias e instituciones de desarrollo económico y social que, por su misma naturaleza, deben ser determinadas por las autoridades nacionales legítimas, sobre la base de un amplio consenso social. De hecho, en caso de crisis, la imposición de cambios estructurales e institucionales ajenos a la situación nacional o al consenso nacional puede crear inestabilidad, ya sea económica y política, nacional e internacional" (p.120).
"Entre ellas podrían estar la imposición de encajes a las entradas de capitales de corto plazo, de diversos impuestos para desincentivarlas, y de requisitos sobre plazos mínimos o liquidez a los bancos de inversión y los fondos mutuos interesados en invertir en un país. Podrían incluirse también, en forma complementaria, regulaciones prudenciales a las instituciones financieras nacionales, tales como encajes o requisitos de liquidez más elevados a los depósitos a corto plazo en el sistema financiero" (p.126).
Tales críticas se aplican al Acuerdo firmado por el gobierno colombiano. Este es el sentido del paquete armado para Colombia. Si se mira la agenda de reformas (pp.32 y 33) se encuentra que casi la totalidad del paquete está dirigido al ajuste fiscal (del cual hace parte también un ambicioso programa de privatizaciones El ajuste fiscal tiene un costo social inevitable, el cual se pretende amortiguar con la introducción de programas de emergencia social "enfocándose hacia la asistencia directa a los miembros más vulnerables de la sociedad, como las mujeres y los niños, y hacia la inversión en infraestructura como una herramienta temporal para la creación de empleo" (p.11).
Sin embargo este tipo de programas son de carácter residual, porque tratan de amortiguar los efectos sociales de las reformas, y no cambian el carácter de las mismas que es recesivo y contraccionista e implica un deterioro general de las condiciones sociales, tal como lo reconocen el gobierno y el propio Fondo (Gupta et.al. 1999). Además, los recursos del Fondo no se pueden utilizar para este tipo de programas, como ya se señaló.
La mayor apertura de la cuenta de capitales acaba por minar aún más la nula capacidad del control macroeconómico por parte del gobierno, porque deja la economía en manos de los vaivenes del capital internacional. La profundización de la apertura de capitales está expresada en el Acuerdo cuando se afirma que "Colombia comezará a eliminar gradualmente las restricciones cambiarias restantes" (p.19). Además el Fondo es muy claro que el Acuerdo se rompe cuando el gobierno (tal como se dijo atrás) "Imponga o intensifique restricciones sobre los pagos y transferencias de las transacciones internacionales corrientes"; en otras palabras, cuando se imponga la más leve traba al libre movimiento de capitales internacionales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario